La situación de las bibliotecas públicas en España

Los días 21, 22 y 23 de septiembre se celebró en Peñaranda de Bracamonte (Salamanca) el I Encuentro Bibliotecas y Municipio: la Administración Local y las Bibliotecas en la Democracia. Durante tres días centenar y medio de profesionales y responsables políticos y administrativos de las bibliotecas públicas españolas intercambiaron experiencias y debatieron sobre la realidad de las bibliotecas públicas de dependencia municipal. El último día del encuentro se expusieron las conclusiones del “Informe de situación de las bibliotecas públicas en España”, que puede ser descargado en formato pdf en las siguientes direcciones: http://travesia.mcu.es/informes.asp y http://www.bibliotecaspublicas.info
El informe fue realizado por el Departamento de Análisis y Estudios de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez y la Subdirección General de Cooperación Bibliotecaria, a partir del servidor de estadísticas de bibliotecas públicas españolas del Ministerio de Cultura. El Informe constata una mejora constante, en cantidad y en calidad de servicios, de las BP en el conjunto de España en los primeros años del siglo XXI, en los que cada año abren sus puertas más de 100 nuevas bibliotecas, hasta alcanzar en 2003 los 4.619 puntos de servicio. Sin embargo, esta mejora no es uniforme en todo el territorio español y el crecimiento del número de bibliotecas se ve limitado por el alto porcentaje de establecimientos con una superficie inferior a los 100 m2 (el 40%) y unos horarios por debajo de las 20 horas de apertura semanal (el 47%).


También las colecciones disponibles en las BP han mejorado en estos años, hasta alcanzar más 50,2 millones de documentos disponibles, a razón de 1,18 documentos por habitante. Siguen compuestas mayoritariamente por libros impresos (en un 92%), si bien en muchas bibliotecas tienen una importancia creciente otros materiales como los audiovisuales y los recursos electrónicos en línea, como fuente de información, entretenimiento o formación.
En 2003, había 20 provincias españolas cuyos fondos superaban el índice mínimo de 1,5 libros por habitante recomendado por la UNESCO. Por Comunidades Autónomas, ese índice era alcanzado en 2003 por las BP de Navarra, Castilla-La Mancha, Extremadura, Castilla y León, Asturias y País Vasco. Ahora bien, si las colecciones de las BP crecen, se debe tanto a las adquisiciones anuales que realizan (3,2 millones de documentos en 2003, de los que el 81% fueron libros), como a la ausencia de una sistemática renovación de los materiales.
La respuesta de los ciudadanos a esta mejora de los servicios de las BP, en especial en las ciudades y pueblos donde éstas se han modernizado y se acercan a estándares europeos, ha significado un crecimiento constante, a veces espectacular, del número de ciudadanos que acuden a ellas y del uso de sus servicios. En 2003, las BP inscribieron como nuevos usuarios a más de un millón de ciudadanos, alcanzando 8,5 millones de usuarios, uno de cada cinco españoles. Ese año, las BP recibieron 76,5 millones de visitas (un 23,1% más que en el año anterior) y realizaron préstamos por un total de 44,7 millones de documentos (el 23,4% más que en 2002). El Informe, que ofrece datos desagregados por provincias, destaca las provincias de Castilla-La Mancha y de Castilla y León como las que registran un mayor índice de préstamos por habitante, duplicando la media española, establecida en 2003 en 1,05 préstamos por habitante. Entre las once provincias con más de un millón de habitantes en 2003, tan solo Barcelona y Asturias superaban la media española, con 1,83 y 1,53 préstamos por habitante respectivamente.
Sin embargo, donde se aportan datos preocupantes es en el capítulo de los gastos de las BP y de cómo se financian. Aunque el gasto medio por habitante ha pasado de 4,27 euros en 2000 a 6,36 euros en 2003, se aprecian desequilibrios importantes, tanto territoriales como en función su dependencia administrativa. Así, en 2003, el gasto total por habitante era en las BP de Castilla-La Mancha de 10,06 euros y superaba los 8 euros en Cataluña, País Vasco, Madrid y Castilla y León. Por el contrario, no llegaban a una asignación media de 5 euros por habitante en Aragón, la Comunidad Valenciana, Canarias, Murcia y Andalucía y se situaba por debajo de los 4 euros en Baleares y Galicia. En el moderado crecimiento de los presupuestos de las bibliotecas, ha influido sobre todo la mejora de las plantillas de personal y el crecimiento de los gastos generales, mientras que se estabiliza la partida destinada a adquisiciones para la colección.
De los 254,4 millones de euros que sumaron los gastos de las BP españolas en 2003, la mayor proporción, un 70,4%, procedía de las arcas de las Corporaciones Locales, un porcentaje que no ha dejado de crecer en los años analizados (era el 67,3% en 2002 y el 62,5% en 2001). Es lógico si se piensa que se trata de un servicio público de carácter local, siendo los ayuntamientos los titulares del 96% de las BP españolas. Por su parte, la aportación financiera de las comunidades autónomas a los gastos de las BP ha decrecido de un 33,5% en 2000, al 29,7% en 2003. Además, la financiación de las administraciones autonómicas se destina en un 85,1% a aquellas bibliotecas de las que son titulares o responsables directas de su gestión (que suponen tan solo un 3,6% de las BP españolas), destinándose el resto a apoyar a los ayuntamientos en la prestación de un servicio al que están obligados por ley.
En la cifra correspondiente a las Corporaciones Locales, la participación de las Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares en la financiación de las BP, como apoyo a los Municipios en uno de sus servicios básicos, es bastante limitada. Para el conjunto de España, en 2003, las diputaciones aportaron un 8,7% del gasto generado por las bibliotecas, localizándose esta financiación en muy pocas provincias. De hecho, el 75% de lo que aportan todas las diputaciones españolas corresponde a una sola, la Diputación de Barcelona. El resto, con cifras mucho más modestas, se distribuye entre las provincias de Castilla y León (que gestionan los servicios de bibliobús), las provincias insulares y las extremeñas.

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